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Boletín de prensa 7 de septiembre de 2011
EL TIEMPO
FALLO QUE PERMITE MASCOTAS EN BUSES DIVIDE LA OPINIÓN DE LOS USUARIOS
Empresas de transporte público ya empezaron a reglamentar la medida.
Una controversia se desató en el país por cuenta del fallo de la Corte Constitucional que autoriza el transporte de mascotas domésticas (perros y gatos) en los vehículos de servicio público de pasajeros.
Para algunos ciudadanos, la nueva normatividad va en contravía de la comodidad y la calidad del servicio de transporte público. Sin embargo, varios dueños de mascotas y los defensores de los animales se declararon satisfechos con la decisión.
El fallo de la discordia
La sentencia C-439 del 25 de mayo del 2011 se puso nuevamente sobre el tapete, luego que TransMilenio expidiera el pasado lunes una reglamentación acerca de la presencia de animales domésticos dentro del sistema masivo de transporte de los bogotanos.
El fallo de la Corte señala, entre otros apartes, que la tenencia de animales domésticos y la convivencia hacen parte del libre desarrollo de la personalidad. Por ello, la exclusión de las mascotas en los sistemas de transporte público de pasajeros fue considerada por la Corte como anticonstitucional. "Vivir en sociedad siempre va a causar incomodidades, pero las incomodidades también hay que soportarlas en defensa de las minorías. Es un tema de tolerancia", explicó el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Juan Carlos Henao.
Henao aclaró que las empresas prestadoras del servicio del país tienen la obligación de fijar las condiciones de ingreso de animales a los automotores, con el fin de garantizar la salubridad y la seguridad de todos los pasajeros.
Por eso, TransMilenio expidió los requisitos para el transporte de mascotas, acatando el fallo de la Corte Constitucional. Desde este martes, se permitió el ingreso a los buses alimentadores y articulados de "animales domésticos tipo mascota de carácter urbano de tallas pequeña, mediana y grande". La medida excluye a especies rurales, como gallinas, chivos y cerdos.
Los dueños de los animales deben portar el carné de vacunas de las mascotas -que deben llevar bozal-, viajar en una jaula que retenga los excrementos y que, en el caso de los animales pequeños y medianos, esta no exceda las dimensiones de 50 cm de largo por 30 cm de alto y 30 cm de ancho. Los animales grandes deben ir en guacales que no superen los 80 cm de largo por 60 cm de alto y 60 cm de ancho.
Para este último caso, TransMilenio evalúa la opción de cobrar un pasaje y solo permitirá su mvilización entre las 9 a.m y las 3 p.m.
'No pondremos en riesgo salud de pasajeros'
Fernando Rojas
Gerente (e.) de TransMilenio
¿Está preparado el sistema para recibir mascotas?
El sistema tiene la obligación de cumplir con el fallo de la Corte Constitucional. En este sentido todos los usuarios deben adaptarse a la nueva situación con todas sus implicaciones. Es fundamental el apoyo de quienes portan las mascotas para el cumplimiento de las reglas establecidas. No pondremos en riesgo la salud de los pasajeros.
Muchos se quejan del sobrecupo. ¿Cómo van a controlar que las mascotas ingresen debidamente en cajas y vacunadas?
El sistema controlará el ingreso de mascotas con el personal con que cuenta actualmente en la vía: 250 orientadores de Amigos en TransMilenio, 180 efectivos profesionales de la Policía Nacional y 480 auxiliares de Policía, así como con el personal de recaudo, ubicado en todas las estaciones. Habrá acceso para los animales en todas las estaciones.
Más ciudades empiezan a aplicar el fallo de la Corte
En Bucaramanga (Santander) se autorizó la entrada de perros y gatos en el sistema Metrolínea, pero no en horas pico. Héctor Cáceres, gerente del servicio, aseguró que las mascotas que superen los 20 centímetros de altura no podrán ingresar a las estaciones.
En el Megabús de Pereira (Risaralda), por ejemplo, además del bozal y del carné, se les pedirá a los dueños que les pongan collares de identificación.
Metrocali, empresa que administra el MÍO en Cali (Valle), está elaborando un manual de convivencia, que incluye la movilización de animales. El presidente de la entidad, Luis Eduardo Barrera, dijo que la idea es que el transporte de animales no se convierta en problema de salubridad. "Si alguien quiere movilizarse con su mascota, debe tener en cuenta que no está permitido el transporte de animales sueltos", puntualizó el funcionario.
En Transmetro, en Barranquilla (Atlántico), están en proceso de reglamentación para definir las condiciones en las que viajarán las mascotas, pues prevalecen la comodidad y la tranquilidad de los usuarios.
Usuarios expresan su opinión en la red
En un sondeo hecho a través de la página de Facebook de ELTIEMPO.COM, en el que participaron 748 personas, el 61,22% dijo no estar de acuerdo con la decisión de la Corte, mientras el 38,1% aprueba la medida. Entre tanto, en Twitter usuarios como
@MariaCSoler dijeron que "ya somos demasiado tolerantes frente a la ineficiencia de TransMilenio, como para tener que tolerar mascotas", mientras @rafaguzmanb expresó que "los animales también merecen su espacio. @ryamdi está dispuesta a tolerar solo a las mascotas que vayan con personas discapacitadas.
SENADO Y CÁMARA LOGRARON UN ACUERDO PARA SALVAR LEY ANTIDISCRIMINACIÓN
Los conciliadores de ambas corporaciones acogieron el texto aprobado en la Cámara.
.La ley que penaliza hasta con tres años de cárcel a quien cometa actos de discriminación por razones de religión, raza, sexo, credo político o filosófico, tuvo esta tarde un paso definitivo hacia su salvación.
Defensores de la iniciativa habían advertido sobre el riesgo de que la ley se hundiera, pues algunos sectores conservadores se oponían a que se castigara la discriminación sexual.
El senador Carlos Baena, autor de la ley, confirmó hace pocos minutos que el presidente del partido Conservador, José Darío Salazar, firmó el texto aprobado en la Cámara.
Con la firma de Salazar ya son 7 los conciliadores que respaldan el proyecto de Cámara, el más favorable a los defensores de la antidiscriminación, lo cual asegura su aprobación dentro de dos semanas.
ALISTAN 'PLAN B' POR SI SE HUNDE LA CADENA PERPETUA A VIOLADORES
Se crearía figura para resguardar los niños de quienes hayan violado a otros menores.
El proyecto de referendo de cadena perpetua para violadores de niños atraviesa su más dura prueba en el Congreso.
Ayer, en la Cámara, en el tercero de cuatro debates, se presentaron dos ponencias que piden archivarlo, y un supuesto vicio amenaza también su avance.
No obstante, el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, anunció que, de hundirse el proyecto, sus impulsores ya estarían pensando en un plan B. Se propondría la creación de la figura denominada 'espacios seguros', que resguardaría a los niños de quienes hayan violado a otros menores.
"Que las personas que tengan un historial de abusar sexualmente de los niños tengan restricciones laborales, que no puedan estar a cargo de niños", dijo.
La propuesta también crearía un registro público de violadores de niños.
Por su parte, la fiscal general, Viviane Morales, dijo que la cadena perpetua "le quita coherencia a nuestro sistema penal" y recordó que la pena más alta en Colombia es de 60 años, "lo que equivale a una cadena perpetua para una persona de 30 o de 40 años".
RESOCIALIZACIÓN DE 100 MIL PRESOS ESTÁ A CARGO DE 10 MIL FUNCIONARIOS
En las prisiones se pagan hasta 5 mil pesos por el derecho al agua, denunció Juan Manuel Galán.
Con esta frase, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, reconoció la crisis carcelaria.
Esguerra reconoció que hay crisis en la situación carcelaria del país. Reveló que la resocialización de más de 100 mil presos que hay actualmente está en manos de tan solo 10 mil funcionarios que tiene en total el Inpec.
"La resocialización de más de 100 internos en todo el país están en manos de poco más de 10.800 mil funcionarios que tiene el Inpec, de los cuales 1.300 son aforados hoy en día", precisó Juan Carlos Esguerra.
El Ministro señaló que el Gobierno tiene planeado construir 6 mega cárceles en los próximos 4 años para albergar a más de 26 mil reclusos, pero advirtió que esto no mejorará en nada la situación de hacinamiento.
Explicó que para tal efecto cuentan con 60 mil millones de pesos, pero señaló que las nuevas cárceles costarán un billón 500 mil millones de pesos, por lo que el Gobierno recurrió a la figura de las concesiones para poder cumplir esa meta.
"Estamos frente a una situación en la que somos conscientes que es sumamente delicada, preocupante y grave. Pero estamos empeñados en ver cómo hacemos la cirugía que corresponde", precisó Esguerra.
A su turno, el director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, reconoció que la situación carcelaria en el país es complicada.
"No sobra pedir excusas y admitir que me da pena aceptar muchas de las cosas que se han dicho del Inpec", señaló el oficial.
El director del Inpec agregó que el Estado debe ayudarlos en varios temas, pero especialmente en la atención de presos con problemas mentales.
El general Ricaurte afirmó que "el Inpec se está convirtiendo en clínicas para atender a personas con problemas siquiátricos en los 140 centros penitenciarios que tiene el país".
También reconoció que "es verdad que algunas zonas aledañas a los centros penitenciarios se están convirtiendo en focos de inseguridad".
El debate sobre la situación carcelaria se dio en la Comisión Primera del Senado, donde el liberal Juan Manuel Galán realizó una preocupante radiografía sobre este tema.
CIUDAD DEL PACIENTE NO PODRÁ SER EXCUSA PARA NEGAR SERVICIOS DE SALUD
Corte falló a favor de una mujer que no fue atendida en Bogotá por estar en EPS de Nariño.
Un fuerte llamado de atención a las instituciones de salud hizo la Corte Constitucional por el caso de doña Fidela Cabezas, una anciana de 72 años con cáncer de mama a la que le negaron una quimioterapia en Bogotá por estar a filiada a una EPS en Nariño, y en un fallo de tutela advirtió que el lugar de residencia del paciente no puede convertirse en una excusa para negar los servicios médicos.
En la decisión, la Corte le dio 48 horas a la EPS Emssanar Nariño para que ordene la práctica del tratamiento y disponga lo necesario para que la paciente reciba la atención en el lugar donde se encuentre sin ningún obstáculo de tipo administrativo o exigencia económica y pidió a la Superintendencia de Salud investigar la actuación de la Secretaria de Salud de Bogotá que le negó el servicio.
"La Sala debe advertir que la territorialidad del aseguramiento no constituye una excusa constitucionalmente válida para impedir el acceso a una persona a los servicios de salud que requiere, en otras palabras, la afiliación a una EPS diferente a la que opera en el lugar actual de residencia no puede ser obstáculo para el acceso a los servicios de salud que ponga en peligro la vida de los colombianos", señala el fallo.
El drama de esta mujer comenzó en octubre del 2010. Fidela Cabezas, se trasladó de Barbacoas (Nariño) --donde residía-- a la capital del país con uno de sus hijos después de que el médico que la trataba le ordenó someterse con urgencia a un tratamiento de poliquimioterapia de alto riesgo por un cáncer de mama. Con el diagnóstico, fue llevada al Hospital de Kennedy mientras completaban los trámites de afiliación del sisben pero el centro de salud le exigió 580 mil pesos para atenderla.
Según los directivos del Hospital, doña Fidela estaba inscrita según los registro del Fosyga en el nivel tres del sisben por lo que debía cancelar el 30 por ciento del valor del tratamiento por concepto de cuota de recuperación. La familia acudió de inmediato a la Secretaria de Salud de Bogotá que le negó la atención por estar afiliada a la EPS Emssanar.
Según la entidad, era la institución a la que estaba afiliada la anciana la que debía prestar los servicios médicas. La familia de la paciente recurrió a la tutela pero el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá aceptó los argumentos de la Secretaria de Salud de Bogotá y negó la tutela
Según la Corte, "es evidente la vulneración de los derechos fundamentales en este caso, máxime si se tiene en cuenta las condiciones especiales de la afectada, quien es una persona de la tercera edad afiliada al régimen subsidiado y que sufre de una enfermedad catalogada de alto costo y cuyo tratamiento se encuentra incluido en el Plan de Obligatorio de Salud (POS)".
Por esa razón la Secretaria de Salud debió actuar aplicando los principios de universalidad de la atención en salud, que están garantizados por la ley desde enero del 2010 y autorizar la práctica del tratamiento, señala el fallo. Sin embargo, doña Fidelia regresó a Barbacoas por lo cual que la Corte le ordenó a la Personería de ese municipio vigilar que la entidad a la que está afiliada le suministre la atención que necesita sin ninguna exigencia económica.
"Es inadmisible que existiendo una alternativa para mejorar las condiciones de subsistencia de la paciente, las entidades recurran a argumentos que contrarían los mandatos de la Constitución, para imponer barreras al acceso a los servicios de salud que la tutelante requiere con necesidad; esto se hace aún mas grave teniendo en cuenta la enfermedad catastrófica que la actora padece y que dicho procedimiento destinado para el cáncer se encuentra exento de copagos", concluye la Corte.
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ NIEGA LIBERTAD AL CORONEL PLAZAS VEGA
Alfonso Plazas Vega está condenado por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Los magistrados del Tribunal rechazaron un recurso presentado por la defensa de Alfonso Plazas Vega en el caso de la retoma del Palacio de Justicia.
La defensa argumentaba que la apelación interpuesta a la condena de 30 años por los desaparecidos del Palacio de Justicia no se había resuelto.
La semana pasada el abogado Jaime Granados, defensor del oficial en retiro, interpuso una apelación en la que argumentaba que había pasado un año, un mes y 17 días sin que el Tribunal resolviera el recurso.
"El coronel (r.) Plazas no tiene por qué soportar la carga de la prolongación de la privación de la libertad por circunstancias que él no tiene que asumir", señaló Granados al Tribunal en un memorando.
Y pide que se tenga en cuenta que su cliente ha demostrado "absoluta disposición de someterse a los mandatos de la justicia".
EL ESPECTADOR
RECLUSOS DEBEN PAGAR POR EL DERECHO AL AGUA EN COLOMBIA
Al menos $5 mil deben pagar al mes los presos para poder bañarse.
En Colombia la crisis carcelaria llegó a un nivel tan impensable que se debe pagar hasta por el derecho al agua.
En un debate de control político sobre el tema en el Congreso, el senador Juan Manuel Galán dijo que es tan preocupante la situación que cada preso debe pagar al mes en promedio hasta $5 mil para poder contar con el derecho a bañarse y al agua.
Al hablar del ‘mercado negro’ que se ve al ingreso de todos los centros penitenciarios los días de visitas, Galán citó el caso de la cárcel La Picota, en donde hay “un personaje que le llaman la señor Olga”, y vende tickets para el ingreso, tarjetas prepago de celular y recibe depósitos en efectivo para que algún guardia reciba el dinero dentro del penal con el fin de que se lo haga llegar a algún recluso.
“El dinero en efectivo está absolutamente prohibido por el Código Penitenciario y Carcelario y sigue sucediendo esto en varios centros penitenciarios”, aseguró.
La corrupción de los guardianes
Galán al referirse a los casos de guardianes del Inpec corruptos, habló del proceso “emblemático” de un dragoneante que fue condenado en primera instancia por fuga de presos, y entre la primera y la segunda instancia, el señor se hizo nombrar en una de las juntas directivas de un sindicato.
“El guardia quedó con fuero y el Inpec de manera ineficiente en términos administrativos y jurídicos no presentó a tiempo la demanda ante el juez para el levantamiento del fuero sindical; y aunque el juez ratificó su condena no se pudo levantar el fuero sindical y sigue ahí”, señaló el senador.
Fallas en nuevas cárceles
Galán cuando habló de la ubicación y construcción de las cárceles, también hizo serias críticas al manejo dado por el ministerio del Interior y de Justicia, durante el periodo que estuvo Fabio Valencia Cossio.
Según él, la ubicación de los penales construidos en el gobierno Uribe se dio con criterios políticos y no técnicos.
“Tenemos el caso de la cárcel de Valledupar que fue construida y el servicio de acueducto terminó siendo conectado por todas las fincas y lotes aledaños al penal pero el servicio de agua no se presta adecuadamente en la misma cárcel”, enfatizó.
En el mismo sentido, el senador denunció que los penales se construyeron sin diseños y no apeló la interventoría encargada de la revisión de las obras. De tal orden son las falencias que hay fotografías de reclusos pasándose por los barrotes.
Este martes el Senado en la comisión primera debate sobre la difícil situación de muchos presos y la crisis carcelaria y de corrupción en el Inpec.
REVISTA SEMANA
ANUNCIAN PROYECTO PARA MANTENER ALEJADOS A LOS VIOLADORES DE LOS NIÑOS
El presidente de la Cámara, Simón Gaviria, informó sobre el lanzamiento de un proyecto de ley para preservar "espacios seguros", libres de abusadores de menores. ¿En qué consiste?
La iniciativa busca mantener alejados de los niños a quienes han sido condenados por abuso sexual. La propuesta surgió en medio del debate del referendo que pretende castigar con cadena perpetua a los violadores de menores.
Sin embargo, Gaviria explicó que no se trata de una fórmula alternativa, sino complementaria. “Vamos a hacer lo posible para que el proyecto de referendo para castigar con cadena perpetua a los violadores de menores salga”, dijo Gaviria.
Sin embargo, ante la posibilidad de que no sea aprobado, el congresista dijo que era necesario crear una “ley de espacios seguros” para garantizar que los abusadores estén aislados de los menores.
“Encontramos que el 65 por ciento de los violadores son reincidentes. Nuestro temor es que debido al subregistro la reincidencia sea del cien por ciento”, argumentó Gaviria.
El representante liberal explicó que el proyecto buscará crear un registro en el que aparezcan las listas de las personas condenadas por violación. Así, se podrá evitar que estas personas no puedan ejercer funciones relacionadas con los niños como la pediatría, la docencia, entre otras.
En criterio de Gaviria el sustento legal para la naturaleza de esa sanción ya existe, “pues así como a un conductor ebrio se le quita el pase, a un violador se le debe alejar de los niños”.
El encargado se hacer ese registro sería el Ministerio de Justicia.
CRECE POLÉMICA POR PRESENCIA DE MASCOTAS EN TRANSPORTE PÚBLICO
El presidente de la Corte Constitucional defiende la medida como un asunto de tolerancia y respeto a los derechos constitucionales. Explica que las empresas deben establecer un reglamento sobre los horarios, tamaños y razas.
La discusión sobre el fallo de la Corte Constitucional que permite la presencia de mascotas en el transporte público se agudizó cuando el subgerente de Transmilenio, Fernando Rojas, anunció que desde el próximo lunes los usuarios del sistema podrán ingresar acompañados de sus mascotas.
Rojas explicó que la normativa, que permite la entrada de mascotas o animales domésticos urbanos a los buses troncales y alimentadores, obedece al fallo de la Corte, que es de obligatorio cumplimiento y que exige la tolerancia por parte de los usuarios.
Ante la discusión, el presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, afirmó en diálogo con Caracol Radio que las empresas de transporte del país deben reglamentar la movilización de mascotas en los buses y sistemas de transporte masivo.
“Se deben establecer determinados horarios, tamaños y razas en el transporte”, precisó Henao, quien agregó que el asunto es de tolerancia y que “las incomodidades también hay que soportarlas en defensa de las minorías”.
Y es que según el alto tribunal, el fallo busca respetar los derechos de las personas que tienen mascotas y que no pueden llevarlas en el transporte público. En caso de que los usuarios se quejen por la presencia de animales muy grandes o sucios, “podrán interponer las demandas contra los actos administrativos que reglamente”, explicó el magistrado.
Cómo funcionará la medida en el Transmilenio
El subgerente de Transmilenio, Fernando Rojas, explicó que entre las condiciones requeridas para el ingreso de las mascotas se solicita un acompañante, que estas lleven un bozal y sean transportadas en un contenedor o jaula. Además, se debe portar el carné de vacunación del animal.
Los animales permitidos se clasifican por tamaños y aquellos cuyo guacal supere 60 x 60 centímetros deberán viajar entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. También pagarán el pasaje por un valor que será reglamentado y anunciado en los próximos días.
Esta reglamentación será consultada con la Secretaría de Salud y la Policía de Transmilenio con el fin de garantizar la salud de los usuarios.
EL PROYECTO DE REFORMA AL ABORTO: ¿LOGRAREMOS UN DEBATE RAZONABLE?
Por Juan Fernando Jaramillo*
El debate sobre el proyecto de aborto debe limitarse a discutir la legitimidad de las tres causales de no sanción penal establecidas por la Corte.
Empezaron ya las discusiones entre los ponentes del Senado sobre el proyecto de reforma constitucional que pretende prohibir de manera absoluta el aborto y la eutanasia. Todo indica que no se pondrán de acuerdo y que habrá ponencias a favor y en contra de la iniciativa de reforma.
La sociedad civil está igualmente dividida, con grupos antiabortistas y organizaciones pro-opción manifestándose sobre el proyecto. Lastimosamente, las posiciones se concentran ante todo en el debate general sobre el aborto. Con ello desconocen que lo que está en discusión son las tres causales de exención penal establecidas por la Corte y ponen en peligro el derecho de las mujeres a lograr una interrupción voluntaria del embarazo amparada por el derecho.
Es importante dejar en claro que lo que el proyecto de reforma constitucional persigue realmente es dejar sin efecto las excepciones que estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006. En Colombia el aborto está penalizado. Sin embargo, en la mencionada sentencia la Corte decidió que en los siguientes tres casos específicos era desproporcionado sancionar a las personas que decidieran interrumpir un embarazo: a) cuando la continuación del embarazo amenaza la vida o la salud de la mujer; b) cuando el médico certifica que el feto sufre una grave malformación que hace inviable su vida; y c) cuando el embarazo es producto de la violación, el incesto o la inseminación artificial no consentida.
La decisión de la Corte de establecer las excepciones indicadas es inobjetable. El Estado no puede exigirle a una familia que sacrifique a la madre, que tiene una existencia y unas relaciones concretas, en aras de una persona que todavía no ha llegado a la vida. Además, ¿qué ocurre si esa familia ya tiene otros hijos? ¿Deben ser ellos expuestos al riesgo de quedar sin su madre? Y aún más, ¿qué ocurre si se trata de una madre soltera? ¿Debe quedar el niño a cargo de sus parientes o quizás solo?
Igual ocurre con los otros dos casos. ¿Puede exigírsele a una mujer que mantenga el largo embarazo de un feto que se sabe que no va poder sobrevivir fuera del seno materno? ¿Y cómo se puede obligar a una mujer que ha sido violada a mantener el embarazo, a pesar de que este le recuerde permanentemente la violencia y la humillación de las que fue objeto?
Las tres causales de exclusión de la sanción penal establecidas por la Corte constituyen una mínima expresión de solidaridad con las personas que han sido duramente golpeadas por la adversidad. Por eso, muchas personas que, en principio, están contra el aborto, están de acuerdo con que no se penalicen esas circunstancias. Esa es la razón por la que creo que el proyecto naufragará.
Pero para que ese sea el resultado es necesario impedir que se confunda el debate sobre estas tres causales con la discusión general acerca del aborto, que genera reacciones radicales, en las que no caben los matices ni las diferenciaciones.
Por eso, en este momento concreto, el debate debe girar exclusivamente acerca de la solución humanitaria dispuesta por la Corte al establecer que la sanción penal en las circunstancias mencionadas es desproporcionada. ¿Será posible lograrlo?